Aquí no se salva nadie. Ni los clubes, ni los equipos profesionales, ni las federaciones, ni los gimnasios, ni siquiera las tiendas deportivas.
Aunque usted no lo crea, de aprobarse esta semana la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, todos estos entes podrían ser considerados de utilidad pública y quedar a tan sólo un paso de ser expropiados.
"El Estado quiere controlar todo. Quiere convertirse en el amo y señor de todas las actividades deportivas del país", aseguró Gabino Paz, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) e integrante de la subcomisión permanente del deporte de la AN.
Su compañero Miguel Pizarro, también diputado de la MUD, profundiza y advierte que "es importante que la gente entienda que cuando se declaran de utilidad pública a todos los bienes directa o indirectamente vinculados a las actividades deportivas, no se habla nada más de los estadios de la nación, sino también de una tienda donde se venden implementos deportivos, un gimnasio y hasta las zonas deportivas de un club privado".
Paz señala al artículo 12 como uno de los más controversiales de este proyecto de ley -que fue aprobado en primera discusión esta semana-, ya que allí se expresa que el Estado "supervisa, controla, garantiza, coordina, autoriza, fiscaliza y reglamenta todo lo relativo a la actividad deportiva".
Patrocinios en jaque
El Ejecutivo aumentará su control al otorgar al Ministerio del Deporte el poder para regular y autorizar el patrocinio de las instituciones deportivas.
"Por ejemplo, si los Leones del Caracas, Cocodrilos de Caracas o Caracas FC quieren contratar para financiar sus actividades deportivas a 5 ó 6 empresas que los subsidien a cambio de publicidad, si no son autorizados previamente por el ministerio, pues no podrán negociar", enfatizó Pizarro.
El Ministerio del Deporte será quien autorizará el patrocinio, transacción, difusión, promoción y "todo lo que tenga que ver con la actividad deportiva con fines lucrativos. El ministerio junto al Instituto Nacional del Deporte (IND) -figura que resucita dentro de esta nueva ley- se encargarán de dar las licencias".
"Por ejemplo, si Empresas Polar quiere financiar la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, pero el Ministerio del Deporte, asegura que no debe ser así, que políticamente es incorrecto de acuerdo con las líneas del Ejecutivo Nacional, pues sencillamente no se le da la licencia y eso limitaría que una empresa como esta se vea imposibilitada de subsidiar o financiar actividades como la Liga de Beisbol Profesional", recalcó Pizarro.
Poder popular como figura
El articulado jurídico, que podría ser aprobado definitivamente esta semana, destaca también la eliminación de la descentralización de las actividades deportivas, obligando así la transferencia y competencias naturales de los institutos estadales y municipales a los consejos comunales.
"Con la creación de las brigadas deportivas como parte del poder popular como lo establece la nueva ley, las gobernaciones y alcaldías quedan sin efecto alguno en la participación, desarrollo y fomento dentro de la materia deportiva, yendo así en contraposición a los intereses nacionales", precisó Miguel Pizarro.
"Quedan excluidas de la planificación del deporte todas las federaciones en el sentido que asume la responsabilidad una sola autoridad como lo es el IND", explicó Paz. "Asimismo impulsarán la creación de los IND regionales, lo que significa que se transferirán las competencias y la administración de los recursos, sentenciando así la muerte y desaparición de los entes regionales descentralizados", agregó.
Pizarro y Paz rescatan algunos puntos positivos de la ley como la participación de los atletas en la toma de decisiones de las federaciones.
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